La reforma laboral facilita los ERE de las administraciones públicas, y no únicamente para aquellos trabajadores de las empresas públicas, sino también para el personal que contrata directamente el ayuntamiento o coumunidad autónoma.
Ello se podrá llevar a cabo cuando los organismos oficiales aduzcan nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. De esta manera se pondrá en marcha el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y se podra despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin necesidad de aprobar la autoridad laboral.
Todo ello está provocando un amplio debate sobre los despidos dentro de la administració pública, aunque ya hemos visto algunos ejemplos, como el reciente aprobado por la Comunidad de Madrid en el
ayuntamiento de Collado Villalba que despedira 39 de sus 569 empleados.
Si bien hay ciertas restricciones, como no poder recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. Todo ello también ha recibido algunas críticas, no sólo por el abaratamiento de los despidos en cualquier empresa sino porque también se facilita y se abarata el ERE y permite a la administración provocar la causa el expediente para que se lleve a cabo.
El Gobierno se justifica con estas medidas y recortes el poder sanear la economía española, empezando por el sector público que debe millones de euros y se pretende regularizar y evitar duplicidades de funciones.